El Partido Popular ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición de ley para reformar la vigente Ley del Aborto «respondiendo a los compromisos electorales», una iniciativa cuyo texto se limita, ante la falta de consenso en la materia, a que a partir de ahora sea obligatorio que las menores informen a sus padres o tutores cuando deseen interrumpir de forma voluntaria su embarazo.
En rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz del PP Rafael Hernando ha calculado que el texto previsiblemente se debatirá en el Pleno de la Cámara el próximo mes de marzo, con el objetivo de que entre en vigor a final de este periodo de sesiones, en torno al mes de junio.
«Nuestra decisión de no ir más lejos ha sido la falta de existencia de consenso. En una materia como ésta, independientemente de cuestiones morales o religiosas de cada uno, hay que pensar en el conjunto del modelo social y hay una parte que tiene que ver con un recurso que tiene que resolver quien tiene que resolverlo», ha señalado.
La elección de presentar una proposición de ley a través del Grupo Popular en lugar de un proyecto de Ley del Gobobierno hace que no se requiera que el texto sea sometido al examen de órganos consultivos como el CGPJ y el Consejo de Estado. El tiempo mínimo para la tramitación de una iniciativa de este tipo puede ser de dos semanas.
Finalmente, el PP ha decidido modificar el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente, según la cual, con 16 o 17 años de edad no es necesario el consentimiento paterno para someterse a una intervención médica salvo en los casos de ensayos clínicos o reproducción asistida humana. Hasta la Ley de Salud Sexual, el aborto estaba también entre estas excepciones.
La iniciativa va en un doble sentido. Por un lado, deroga el artículo 14.3 de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que modificó la Ley de Autonomía del Paciente para sacar el aborto de la lista de excepciones en las que un menor de 16 o 17 años necesita consentimiento paterno para una intervención médica, junto a los ensayos clínicos y la reproducción asistida.
Por otro lado, da una nueva redacción a ese precepto de la Ley de Autonomía del Paciente para añadir que «para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales».
«En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil», precisa la proposición de Ley Orgánica presentada por el PP, que, además, da carácter ordinario a este artículo de la Ley de Autonomía del Paciente, que tras la de Salud Sexual tenía condición de orgánico.